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MARCO JURÍDICO

FUNDAMENTO LEGAL:

El Banco de Desarrollo Agropecuario fue reorganizado mediante la Ley 17 de 21 de abril de 2015, publicada en la gaceta oficial 27766-B del jueves 23 de abril de 2015, que entró a regir al día siguiente, como una entidad del Estado para el fomento y financiamiento de la actividad agropecuaria, con personería jurídica, autonomía presupuestaria y financiera, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, en lo administrativo y funcional, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar bienes y gestionar sus recursos, sujeto a la política y orientación del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. .

OBJETIVOS:

De conformidad con la Ley 17 de 2015, el Banco ofrecerá asistencia crediticia y técnica para satisfacer las necesidades de la actividad agropecuaria y agroindustrial, de manera prioritaria al sector de escasos recursos y sus grupos organizados, y una atención especial al micro, pequeño y mediano productor, en cumplimiento del mandato constitucional.

Dicho mandato está contenido en el artículo 126 de la Constitución Política de la República de Panamá, conforme al cual: para el cumplimiento de los fines de la política agraria, el Estado desarrollará, entre otras actividades, la de “Organizar la asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector de escasos recursos y sus grupos organizados y dar atención especial al pequeño y mediano productor.”

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

La estructura organizativa del Banco está integrada por la Junta Directiva, la Gerencia y Subgerencia General, las gerencias y subgerencias ejecutivas, las gerencias y subgerencias regionales, las gerencias de sucursales y demás unidades administrativas que deban intervenir en la consecución de los objetivos y fines del Banco para brindar un servicio eficiente y eficaz, de acuerdo con sus planes estratégicos.
La Junta Directiva está facultada para hacer modificaciones a la estructura organizativa, de acuerdo con las exigencias del mercado y cumpliendo con las normas y los procedimientos previstos por la ley.

OPERACIONES:

El Banco está facultado para ejecutar las operaciones, actos y contratos necesarios para cumplir con sus atribuciones de forma eficiente y eficaz, lo que comprende las acciones siguientes:

1. Otorgar créditos para el sector agropecuario, sujetos a las políticas y reglamentos que apruebe la junta directiva, conforme a lo establecido en la presente Ley.

2. cuentas corrientes para el manejo transaccional del crédito con los clientes. El Banco queda autorizado para acreditar en estas cuentas las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos de los préstamos otorgados a los productores agropecuarios, quienes podrán girar cheques contra estas cuentas y/o efectuar retiros mediante tarjetas de débito, hasta el monto total del préstamo, según la reglamentación que expida la junta directiva.

3. Celebrar acuerdos interinstitucionales con los bancos oficiales, para administrar tarjetas de crédito en beneficio de los productores agropecuarios prestatarios.

4. Brindar a los clientes del Banco el servicio de cajeros automáticos (ATM), afiliándose al servicio telered y al sistema de pagos electrónicos (ACH).

5. Adquirir y vender toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, títulos o valores que se hayan dado en garantía de obligaciones a favor del Banco, en pago total o parcial de esas obligaciones, u otros bienes que no necesariamente formen parte de tales garantías cuando el Banco los haya perseguido coactivamente o el deudor los ofrezca en pago.

6. Adquirir, arrendar o administrar bienes muebles, inmuebles o servicios para su propio uso.

7. Celebrar contratos de fideicomisos, así como cualquier otro tipo de contrato comercial.

8. Efectuar peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles.

9. Gestionar facilidades crediticias en el país y en el extranjero. Para tal efecto, podrán ofrecerse garantías del Banco y del Estado, previa autorización del Consejo de Gabinete.

10. Otorgar créditos y garantías en sindicación con otros bancos, de acuerdo con los compromisos pactados en un contrato.

11. Celebrar convenios con el Estado para reestructurar las obligaciones del Banco, mediante la dación en pago a través del traspaso de bienes inmuebles y activos fijos de su propiedad, con el propósito de sanear las finanzas y cancelar saldos pendientes que mantenga con el Estado.

12. Mantener, en forma gratuita, sistemas de conexión para consultar, incluir, utilizar, registrar, intercambiar y almacenar documentos y datos electrónicos que permitan agilizar los trámites propios del Banco con el Registro Público de Panamá, la Caja de Seguro Social, el Tribunal Electoral y otras entidades del servicio público, sujetos a la supervisión de las autoridades y regulaciones legales sobre la materia.

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.

En cumplimiento de las normas legales sobre el régimen bancario, el Banco está obligado a contar con políticas, normas y procedimientos para asegurar que sus operaciones se puedan mantener y recuperar de forma oportuna en el evento de cualquier interrupción significativa que afecte su operatividad, con el propósito de minimizar las consecuencias que puedan surgir de dicha interrupción.

El Banco está obligado a mantener una gestión integral de riesgo en sus diferentes áreas técnicas y administrativas, a fin de minimizar los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesto, de acuerdo con la complejidad de sus operaciones, productos y servicios.

NORMAS SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO.

Para proporcionar la estructura a través de la cual se fijan los objetivos y los medios requeridos para lograr un control interno eficiente y eficaz, el Banco procurará aplicar las normas de gobierno corporativo dictadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, acordes con la Ley 17 de 2015 y su reglamento.

PREVENCIÓN DE DELITOS.

El Banco tiene la obligación de establecer las políticas, los procedimientos y las estructuras de control interno, para prevenir que sus servicios sean utilizados en forma indebida, para el delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de similar naturaleza u origen.

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

El Banco está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República en los términos establecidos en la Constitución Política de la República de Panamá y la ley.

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